La acción de la Unión Europea para derrotar a los paraísos fiscales

Juan Antonio Falcón Blasco - 15/05/2019

 

 

 
 
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La globalización económica a nivel mundial ha favorecido la difuminación de las fronteras entre los países facilitando la deslocalización fiscal de rentas y capitales hacia jurisdicciones con presiones impositivas más bajas. Ante esto, los instrumentos de intercambio de información tributaria son una pieza clave en la lucha contra este tipo de prácticas según criterio de la OCDE y la Unión Europea (UE).
 
Aunque es fluctuante, en estos momentos, quince países forman parte de la lista negra de los llamados paraísos fiscales que elabora la UE. Tan sólo Samoa Americana, Guam, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenesestadounidenses, Aruba, Barbados, Belice, Bermudas, Dominica, Fiji, Islas Marshall, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Vanuatu. permanecen en tal lista aprobada por primera vez en diciembre de 2017.
 
Por su parte, en la lista gris se encuentran las jurisdicciones que se comprometieron a hacer reformas y están sujetas a la vigilancia de la UE, que analiza si cumplen efectivamente las medidas adoptadas para dejar de ser consideradas paraísos fiscales.
 
Para confeccionar la lista negra, la Unión Europea analiza la legislación fiscal de 92 países de acuerdo con tres criterios: su nivel de transparencia, si garantizan una imposición justa o por el contrario facilitan la creación de estructuras opacas, y si implementan las normas internacionales contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS).
 
En realidad, la lucha contra los paraísos fiscales se centra en una acción que al mismo tiempo es sencilla pero complicada de llevarse a la práctica. Y esta acción no es otra que el intercambio de información tributaria entre los países.
 
Resultado de imagen de fotos paraisos fiscales union europeaLa UE con la primitiva Directiva 77/799/CEE comenzó el camino de crear transparencia fiscal poniendo el énfasis en el intercambio de información previo requerimiento entre órganos administrativos. Posteriormente, la Directiva 2014/107/UE, en vigor desde enero de 2015, va un paso más allá, y establece la obligatoriedad del intercambio automático de información entre Administraciones tributarias. Además, modifica las disposiciones en esta materia contenidas en la Directiva 2011/16/CE, extendiendo su ámbito de aplicación a los intereses, dividendos y otros tipos similares de rendimientos, así como a la información relativa a los saldos en cuentas y los ingresos derivados de la venta o amortización de activos financieros pagados o anotados en cuenta.
 
La Directiva de 2014 responde a la necesidad de adaptarse a los avances en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal transfronterizos logrados a escala internacional. En especial cabe citar la Ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero (conocida como “FATCA”) de los Estados Unidos y los esfuerzos realizados en el contexto del G-8, G-20 y la OCDE en materia de intercambio de información fiscal. Igualmente, se ha incorporado al ámbito de la Unión Europea la Norma Única Internacional elaborada por la OCDE para el intercambio automático de información fiscal sobre cuentas financieras.
 
Pero la labor fundamental de la UE para cerrar el paso a los paraísos fiscales descansa en los acuerdos de intercambio de información fiscal entre la Unión Europea y algunos de estos paraísos fiscales, y que tienen su origen en la derogada Directiva del Ahorro (Directiva 2003/48/CE). Para que ésta consiguiera los objetivos para los que se adoptó requería que se aplicaran medidas equivalentes o idénticas a las previstas en ella por parte de ciertos terceros países europeos como Suiza, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Andorra, así como por territorios dependientes y asociados de los Estados miembros (en particular, de Reino Unido y Países Bajos). Con ello, se trataba de evitar la fuga de capitales hacia dichos países y territorios al considerarse que constituían centros financieros a los que se desplazaría rápidamente el ahorro privado hasta entonces invertido en plazas financieras europeas.
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Así pues, a fin de procurar la efectividad de esta norma, la Unión Europea consiguió alcanzar los requeridos acuerdos con estos territorios. Y de esta forma, en el año 2004 diez territorios dependientes o asociados de algunos Estados miembros firmaron acuerdos con cada uno de los países de la Unión Europea con el objetivo de aplicar entre ellos las mismas medidas que las previstas en la Directiva del Ahorro.
 
Estos territorios fueron, por un lado, los dependientes de Reino Unido: en el Caribe: Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Montserrat, Islas Turcas y Caicos; en las Islas del Canal: Jersey y Guernesey; y también la Isla de Man. Y, por otro lado, aquellos que dependen de los Países Bajos: Aruba y Antiguas Antillas Neerlandesas (San Martín y Curasao).
 
Por lo demás, en 2004 se firmaron también acuerdos que establecían medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE con Suiza, Liechtenstein, San Marino, Mónaco y Andorra. Estos acuerdos contienen cláusulas que establecen un intercambio de información previa petición limitado a casos de fraude fiscal o actos similares en relación con los intereses objeto de los mismos.
 
Posteriormente, los Acuerdos de 2004 se han perfeccionado mediante unos Protocolos modificativos para incluir la Norma Única Internacional elaborada por la OCDE para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras. Hay que mencionar que en estos nuevos acuerdos se plasma expresamente el fin del secreto bancario.
 
Resultado de imagen de fotos paraisos fiscales union europeaFinalmente, podemos decir que pese a la gran dificultad que comporta establecer una definición unívoca de paraíso fiscal, lo que parece lógico es que para que una jurisdicción no se considere como tal debe estar comprometida con el intercambio de información tributaria. Y justamente es este el compromiso que han ido adoptando paulatinamente los territorios constitutivos de paraísos fiscales para desprenderse de tal calificación.
 
Lo que sí convendría señalar es que sería conveniente seguir el ejemplo de los Protocolos modificativos de los Acuerdos de 2004 y reformar a su vez los acuerdos que se firmaron con los territorios asociados y dependientes de Reino Unido y los Países Bajos en ese momento, introduciendo en ellos la obligatoriedad del intercambio automático de información financiera y poniendo fin al secreto bancario para impedir que la evasión fiscal que se pretende finiquitar con esos nuevos acuerdos encuentre amparo en estas jurisdicciones.
 
Por Juan Antonio Falcón Blasco, miembro del Movimiento Europeo y del Team Europe de la Comisión Europea.  
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