Europa es como una bicicleta: o se pedalea, o se se cae

Plácido Diez - 15/05/2019

 

Desde mi europeísmo militante, vaya por delante, a mí esta tarde me toca poner el acento en la actualidad antes que en lo institucional, exponer, compartir con ustedes desde la interpretación subjetiva y la crítica constructiva las luces y sombras de la Unión Europea, “un barco que, como dice la excomisaria Emma Bonino, hace aguas pero que aún estamos a tiempo de repararlo en medio de la tormenta”.

Desde mi punto de vista, (tras la puesta en marcha de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), y a lo largo de los 60 años desde la firma del Tratado de Roma con mención especial para la creación del euro y el fallido proyecto de Constitución de 2005), la construcción europea se ha preocupado y ocupado más del déficit económico y de los mercados, sobre todo financieros, que de los déficits social, democrático y de participación ciudadana.

Ha habido excepciones como la de la presidencia de Jacques Delors (“Europa es como una bicicleta: o se pedalea, o se cae…”)En sus mandatos se avanzó en la Europa social y en programas de movilidad universitaria y de ciudadanía europea como los Erasmus pero todavía no se ha conseguido compartir una emoción de ciudadanía europea.

Dicho de otra manera, Europa tiene que ser algo más que una zona de libre comercio.

Las visiones a medio y largo plazo de Macron, sumergido en su gran debate nacional para desactivar a los cada vez más violentos “chalecos amarillos” y en su propuesta de renacimiento para Europa, y de Merkel y de su sucesora, Annegret Kramp-Karrenbauer, continúan estando muy alejadas.

En mi opinión, están faltando voluntad, generosidad y valentía política para frenar el aumento de la desigualdad, para avanzar hacia la igualdad salarial y hacia un salario mínimo comunitario, hacia un seguro europeo de desempleo, hacia un presupuesto para la zona euro, hacia una mutualización de las deudas, hacia una regulación de los paraísos fiscales y el blanqueo de capitales, hacia una Estrategia de igualdad de género vinculante, hacia un gran acuerdo migratorio, hacia un “Green New Deal” de transición hacia las energías limpias, hacia la Unión Bancaria con su correspondiente Seguro de garantía de depósitos, hacia un Ejército europeo.

Como también están faltando voluntad, generosidad y valentía política para consensuar una tasa a los gigantes digitales, a los servicios digitales, o para gravar más a las grandes corporaciones que están mediatizando las políticas fiscales de los estados y de la Unión Europea.

Hasta el punto de que queda flotando en el aire una pregunta, ¿de verdad las políticas fiscales continúan dependiendo de los Gobiernos? Esta es una pregunta clave, una prueba de fuego para comprobar si la Unión Europea puede dar respuestas, puede poner semáforos a la globalización. ¿Cómo se pretende financiar si no la urgente transición hacia las energías limpias y la acogida ordenada de inmigrantes?

Un reciente informe de Oxfam internacional revelaba que en 2015 las grandes multinacionales trasladaron 600.000 millones de dólares de sus beneficios a paraísos fiscales, un 30 por ciento de ellos dentro de la Unión Europea. Las pérdidas de recaudación en Alemania, Francia, Italia y España, se cifraban en 35.100 millones de euros.

Más datos reveladores. El PIB de la UE, 15 billones de euros, supera al de Estados Unidos, y tenemos un porcentaje de casi el 16 por ciento del comercio mundial, solo superado ligeramente por China en exportaciones (se calcula que 30 millones de empleos dependen en Europa de las exportaciones), pero nos falta un sentimiento de comunidad, nos falta un relato histórico común consensuado  -salvo excepciones como conmemoraciones del final de las dos Guerras Mundiales- y un hilo que, desde los currículos escolares de cada uno de los países miembros, nos conecte emocionalmente por delante de las grandes cifras macroeconómicas.

El filósofo alemán Peter Sloterdijk califica a la UE como “un club de perdedores”. Y es que no acabamos de creernos que podemos ser una potencia global, la principal referencia mundial de paz, de bienestar y de seguridad física y jurídica.

Es verdad que, desde el punto de vista demográfico, el gigante económico tiene los pies de barro con una población cada vez más envejecida que suma menos del 7 por ciento de la mundial (si continúan las actuales tendencias demográficas será el 5 por ciento en 2050, según Eurostat), repartida entre las ciudades (40 por ciento), las pequeñas ciudades y suburbios (32 por ciento) y las zonas rurales (28 por ciento)

Es verdad también que en lo que va del siglo XXI, atención, los 19 países de la eurozona han registrado un crecimiento económico medio del 1 por ciento frente al 6 por ciento de la década de los 60, una década en la que la población europea representaba el 13 por ciento de la mundial. Estamos, por tanto, viviendo un periodo de desaceleración económica y estamos ante un serio riesgo de estancamiento.

Italia entró en recesión el pasado mes de enero y a su Gobierno le está dando ahora por embarcarse en una relación por libre con China. Y los datos de Alemania, donde han empezado a negociar su fusión sus dos grandes gigantes bancarios, son inquietantes, con un crecimiento estimado para este año del 0,8 por ciento.

El déficit de ciudadanía europea es una asignatura pendiente de los líderes del que son corresponsables las instituciones europeas por no haber acertado hasta ahora con la comunicación horizontal y los grupos de comunicación tradicionales y digitales de los 28 países que no hemos sabido calar en la opinión pública el ideal del europeísmo, que no hemos sabido trasladarlo como información de proximidad, atractiva y fundamental para las vidas y las economías familiares de los 500 millones de ciudadanos.

La prueba es que asuntos europeos como la justicia fiscal, las migraciones, la crisis climática, la transición hacia las energías limpias, están pasando inadvertidos, de puntillas, en la precampaña electoral en España en la que el independentismo y la vuelta al pasado, el resurgir del franquismo, están polarizando el debate público.

Estos pueden ser algunos de los motivos de que solo el 42 por ciento de los ciudadanos mantengamos la confianza en la Unión Europea frente al 57 por ciento que confiaban en 2007, hace 12 años. Son datos facilitados por el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, que contrastan con el 75 por ciento de europeos que están a favor del euro y de la integración económica y europea.

¿Puede ser el temor a perder soberanía, puede ser el miedo y la incertidumbre que acarrean los vertiginosos cambios tecnológicos y la globalización?

Puede ser pero es que el concepto de soberanía del siglo XIX, de la Constitución de Cádiz, la soberanía reside en el pueblo, ha sido atropellado por la globalización, con la intensificación de los flujos de capitales, con la competencia desleal y con la destrucción del medio ambiente.

Hay que tener muy en cuenta que competimos con los países emergentes de Asia y el Pacífico, -Rusia, China, la India, Turquía-, que son regímenes no homologables a los europeos ni en protección social, ni en libertades, ni en separación de poderes, ni en calidad democrática. Países que son dictaduras de partido único que se postulan como líderes del comercio mundial, el caso de China, o democraduras.

Para recuperar la soberanía, lo que hacen falta son normas comunes porque la independencia de los estados nación ya no la garantiza.

La verdadera soberanía –cuanto antes lo entendamos así en Europa mejor- no reside en el poder de las leyes estatales sino en un mayor control de los acontecimientos globales para responder a las necesidades fundamentales de los ciudadanos.

Dos ejemplos. Uno, el de la industria de la digitalización, en la que la UE se ha quedado rezagada (se secaron los brotes verdes bálticos, de Nokia y Erickson, y desde entonces se han creado creando muy pocas empresas novedosas en Internet de consumo, redes sociales y aplicaciones móviles).

Y dos, el de la contratación pública (1,4 billones de euros) en la que la UE debería ir unida para evitar la competencia desigual de la India, de Turquía y de China. En este último caso, está el temor a que Huawei pueda utilizar la concesión de las redes de telecomunicaciones 5G para facilitar el espionaje del régimen chino.

En ese miedo a la globalización y a la pérdida de soberanía, también ha influido que, a veces con extrema insensibilidad como en Grecia, la UE esté ejerciendo de gran supervisora poniendo las notas macroeconómicas cuando el corazón de la mayoría de los ciudadanos continúa apegado a lo más cercano, a sus tradiciones y a sus símbolos, a su estado nación porque no existe una identidad compartida y, por qué no decirlo, porque estamos lejos del alma eslava de los antiguos países de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia cuya integración fue probablemente precipitada.

Son países que vivieron décadas de telón de acero, de autoritarismo, de ausencia de libertades individuales, y cuyo nivel de vida no es equiparable al de los países más avanzados de la UE a la que responsabilizan de la subida del coste de la vida y el bajo poder adquisitivo de sus sueldos y pensiones, opinión que pesa más que la de los fondos de desarrollo territorial y social, y las inversiones en infraestructuras.

La UE es el resultado del traumático desmoronamiento de varios Imperios, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Austro-Húngaro, el Otomano, el Ruso, la mayoría de ellos a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Con estos antecedentes, hay que ser realistas, no es fácil tejer, y menos a corto plazo, una identidad compartida más allá de la integración económica.

En todo caso, dificultades al margen, hay que tener muy presente que la UE se fundó para unir a los estados existentes, no para crear nuevos.

Las materias primas de la fundación fueron el carbón, el acero y la energía nuclear. Sesenta años después lo son la información, los datos, la inteligencia artificial y, para ser más precisos en los tiempos que corren, el tsunami de información en el que resulta muy difícil separar el agua potable de la contaminada.

En la guerra de las noticias basura, de las interferencias electorales y de la manipulación de la opinión pública, en la utilización tóxica de las redes sociales, en la invención de realidades y en la personalización de los mensajes, también nos hemos quedado rezagados frente a las denominadas democraduras y, en particular, de la Rusia de Putin que, utilizando los populismos y los efectos negativos de las políticas de austeridad que han desprotegido a los ciudadanos, que han extendido la intolerancia hacia el diferente, quiere dividir y debilitar la UE para abrirse espacios de expansión y de influencia, empezando por los que fueron sus países satélites en el Pacto de Varsovia.

Sus inspiradores e ideólogos manejan frecuentemente el término Eurasia, que incluye a los territorios europeos de la antigua Unión Soviética sobre cuyas opiniones públicas ejerce una vigilancia y penetración constantes, utilizando al grupo de compañías y multimillonarios, la cleptocracia, que se está beneficiando de las políticas del Kremlin y, a cambio, hace de avanzadilla en otros países.

Dos casos a considerar. El ex-canciller alemán Gerhard Schröder, trabajó para la compañía rusa Gazprom (la importancia estratégica de la energía y del suministro de gas a Alemania) y la campaña de 2013 del presidente de la República checa, Milos Zeman, la financió en buena parte la petrolera rusa Lukoil.

La estrategia la describe en su libro “El camino hacia la no libertad” el historiador e investigador de Europa Central y gran conocedor del régimen de PutinTimothy Snyder, que subraya que las políticas del presidente ruso buscan confrontar a la Rusia pura y viril con el Occidente malvado y homosexualizado utilizando sin escrúpulos la cadena de televisión por cable y satélite de la Federación Rusa, la RT,

Cito textualmente:

“Como la Unión Europea es una organización que actúa por consenso, era vulnerable a las campañas que suscitaban emociones. Al estar formadas por Estados democráticos, podía debilitarse por el trabajo de los partidos políticos que proponían abandonarla. Como nunca se había encontrado con una oposición sustancial, a los europeos nunca se les había ocurrido preguntarse si los debates en internet estaban manipulados desde fuera con intenciones hostiles. La política rusa para destruir la Unión Europea adoptó varias formas: el reclutamiento de dirigentes y partidos europeos para que representaran los intereses rusos en la desintegración de Europa; la penetración digital y televisiva del discurso público para sembrar la desconfianza respecto a la Unión; la captación de nacionalistas extremistas y fascistas para la promoción de Eurasia; y el apoyo a todo tipo de separatismos”.

No olvidemos que la xenofobia, la homofobia y el machismo/patriarcado son valores en alza en la Rusia de Putin. Los institutos de opinión dicen que el 64 por ciento de los rusos están a favor de limitar la entrada de no rusos, con especial animadversión hacia los gitanos, chinos y vietnamitas.

La regulación y el castigo penal en materia de violencia doméstica y de violencia contra la mujer son laxos, por no decir inexistentes, a pesar de que, según las estadísticas, 1 mujer muere cada 40 minutos.

El machismo oficial está alimentando los discursos de los partidos de ultraderecha de Europa occidental, coordinados por Steve Bannon, uno de los artífices de la llegada de Trump a la Casa Blanca, embarcado ahora desde Bruselas en afianzar una internacional ultraderechista y ultranacionalista, “The Movement”, que erosione desde dentro a la Unión Europea.

Bannon es especialista en la manipulación personalizada desde las redes sociales, algo que está mereciendo ya una profunda reflexión sobre el daño que están haciendo a la democracia representativa delegada al canalizar las emociones y las falsedades ninguneando las razones y los hechos comprobados.

En las recientes conmemoraciones del 30 aniversario de Internet, el creador de la web, el “padre” del protocolo que permitió el uso y expansión de Internet, el británico Tim Berners-Lee, responsabilizó a la Administración Trump de “haber puesto en duda la neutralidad de Internet” refiriéndose a la utilización masiva de las redes sociales por parte de Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016.

Y respecto a la privacidad, el científico afirmó que los datos de los usuarios “no deben ser tratados como una mercancía, ni debe permitirse que se vendan, porque constituyen un derecho de las personas, y venderlos con fines políticos debería estar prohibido”.

Siguiendo aquella afirmación del periodista Walter Lippman, ganador de dos Pulitzer, “no puede haber libertad para una comunidad que carezca de los medios para detectar las mentiras”, la UE tuvo reflejos y creó en 2015 una unidad contra la desinformación que ya ha desmontado más de cinco mil falsedades procedentes de potencias extranjeras interesadas en desestabilizar la democracia y las instituciones europeas.

Se creó una base de datos en la que los 28 estados miembros comparten las amenazas que puedan afectar a más de un país y se va camino de crear una plataforma europea contra las noticias falsas.

Además, los gobiernos, el español lo acaba de hacer, están poniendo en marcha unidades contra la desinformación para evitar el riesgo de injerencias en los sistemas y en los resultados electorales. Hay que exigir a las compañías tecnológicas que filtren y controlen las redes sociales.

Sin ir más lejos, el pasado miércoles 13 de marzo, hace una semana, el Parlamento europeo alertó de que Rusia, China, Irán y Corea del Norte, son las principales fuentes de las noticias falsas y de la desinformación que circula en Europa.

Un día antes, el martes 12 de marzo, el Parlamento europeo aprobaba nuevas normas para proteger las elecciones del 26 de mayo del mal uso de datos personales que incluyen sanciones a partidos y fundaciones que los utilicen de manera torticera.

Como antecedente, está el escándalo de la venta de datos personales de Facebook a la consultora Cambridge Analytica para favorecer el triunfo del Bréxit, que está ocasionando un enorme daño reputacional y puede ocasionar un enorme daño económico y social a la Unión Europea.

Dentro de la UE se va a reforzar, además, el grupo de lucha contra la propaganda, el denominado East Stratcom, convirtiéndolo en una estructura estable dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior, y se van a aprobar leyes que regulen el papel de las redes sociales, los servicios de mensajería y los motores de búsqueda, con la finalidad de que las compañías tecnológicas eliminen de manera sistemática las noticias falsas que alojen y las autoridades sean capaces de localizar e identificar la procedencia y autoría del contenido político publicado. Estas medidas deberán trasladarse a las leyes electorales de los respectivos estados.

Lo he apuntado al principio de mi intervención, la Comisión Europea ha sido incapaz de aprobar un impuesto que grave su actividad, la denominada tasa GAFAM (GoogleAppleFacebookAmazon y Microsoft), por el veto de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia y Finlandia) y de Irlanda, sede social en Europa de las principales compañías tecnológicas que están pagando un tasa impositiva media del 9,5 por ciento frente al 23,2 por ciento que pagan las empresas tradicionales.

Al final, se ha llegado al acuerdo de que, dentro de año y medio, sea la OCDE la que diseñe un impuesto global que se aplique en todo el mundo.

Además del escaqueo fiscal, la Comisión Europea acaba de multar a Google con 1.490 millones de euros por prácticas abusivas/restrictivas en la publicidad en Internet donde ya controla el 80 por ciento del mercado. Es la tercera multa. Las dos anteriores fueron en 2017 por aprovecharse por aprovecharse de una posición dominante en el mercado de búsquedas por Internet, 2.450 millones de euros, y en 2018 por restricciones a los fabricantes del sistema operativo Android, 4.340 millones de euros.

Cuando estamos con el agua al cuello y nos desbordan las protestas sociales, virulentas como en el caso de los chalecos amarillos en Francia, es cuando caemos en la cuenta de que la UE también tiene que proteger a los ciudadanos cuando más lo necesitan.

También tiene que estar muy atenta a la creciente brecha entre el mundo rural y el urbano, porque la protección social es uno de los valores fundacionales de la UE, el principio que quieren romper las denominadas democraduras.

Hay más prioridades que la de evitar las quiebras bancarias, rescatando al sistema financiero  con decenas de millones de euros de dinero público y, en lo positivo, avanzando hacia una Unión bancaria con su correspondiente Fondo de garantía de depósitos.

En definitiva, que tenemos que avanzar en una UE que dé prioridad a la agenda social, a las demandas de los ciudadanos que no quieren perder calidad de vida, que no quieren instalarse en la precariedad vital, en una UE que, al mismo tiempo, potencie la movilidad, el intercambio y el conocimiento, en la línea de los programas Erasmus y de los interrailes.

Solo miramos hacia Europa cuando se examinan los presupuestos estatales, o cuando nos aprieta algún asunto estratégico como la financiación europea del corredor Cantábrico-Mediterráneo o la reapertura del ferrocarril internacional de Canfranc, o los cambios en la Política Agraria Comunitaria (PAC) con la PAC-.

Hay un déficit/desapego en valoración, reconocimiento y participación en la UE. Justamente nos sentimos alejados de la toma de decisiones en un momento en el que desde el Parlamento europeo quieren dividir y debilitar la UE Trump con Bannon y su alianza de organizaciones de ultraderecha, y Putin con  sus interferencias cibernéticas y su manipulación del malestar social en Occidente a través del nacionalismo, del proteccionismo/pérdida de empleos y del rechazo al diferente y al feminismo.

A la espera de ese laberinto sin salida en el que se ha convertido el Bréxit, las fuerzas antieuropeístas suman porcentajes de entre el 10 y el 20 por ciento de los votos en los todavía 28 países de la UE.

Están representadas ya en 17 parlamentos de la UE y forman parte del Gobierno en Austria, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Hungría y Polonia.

En estos dos últimos países gobiernan en solitario y precisamente ayer el Partido Popular Europeo, el principal partido del Parlamento europeo, suspendió temporalmente al partido del primer ministro húngaro, Víktor Orbán, por vulnerar la libertad de expresión y la independencia de poderes.

El Consejo Europeo que se reúne este jueves y mañana viernes tiene previsto debatir, por iniciativa de Alemania y Bélgica, un Pacto de calidad democrática que, con la misma disciplina que el Pacto de estabilidad y crecimiento económico en el terreno presupuestario, frene el deterioro del Estado de derecho en algunos países de la Unión Europea, entre otras medidas con el recorte de los fondos estructurales y con denuncias ante el Tribunal Europeo.

Finalizo. ¿Qué nos jugamos en las próximas elecciones europeas?. Reproduzco la respuesta de la excomisaria europea y tres veces ministra en Italia, Emma Bonino, en una reciente entrevista en “El País Semanal”.

“Serán un acontecimiento clave. La elección es entre disgregación y más cohesión, entre una Europa cerrada y una Europa abierta. No se trata ya solo de un choque entre derecha e izquierda, sino entre demócratas y ultranacionalistas, entre una Europa abierta y otra autárquica, en la que ya no valen ni los acuerdos comerciales. El resultado de las elecciones del 26 de mayo determinará el presidente de la Comisión, los comisarios, el presidente del Parlamento, el presidente del Consejo, el jefe del Banco Central…Puede producirse un cambio radical, casi hasta la destrucción”.

  • Plácido Diez  Periodista y miembro del Consejo Aragonés del Movimiento Europeo
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